Roban y repiten: ¿hasta cuándo el despelote?

Por Angélica Lozano
Exalcaldesa de Chapinero.

Diariamente son puestos en libertad unos 130 delincuentes que han sido capturados más de una vez. La situación es pan de cada día: en los últimos cuatro años un hombre ha sido capturado 52 veces y, durante ese mismo tiempo, cerca de 27 mil personas han sido capturadas más de una vez cometiendo delitos.

Parte de este problema responde a que el país se concentró, desde finales de los 90, en fortalecer su capacidad militar para luchar contra las guerrillas. Pero no ha existido un esfuerzo similar en materia de seguridad urbana; solucionar esto implica desarrollar una reforma que permita desarticular las bandas delincuenciales en las ciudades.

Para ello es necesario fortalecer la administración de justicia. Es determinante que los indicadores de éxito no se concentren solo en las capturas y que promuevan la judicialización efectiva de los líderes de las estructuras criminales.

Además, es fundamental la articulación entre Alcaldía, Policía, Fiscalía, investigadores judiciales y jueces. La seguridad mejoraría significativamente si hubiera acuerdos formales entre estas entidades sobre las prioridades de política criminal. De esta forma, los esfuerzos de seguridad y justicia estarían articulados y remaríamos en la misma dirección.

La clave está en desmantelar las organizaciones criminales, debilitando sus fuentes de financiación. Esto incluye combatir las economías ilegales, como el tráfico de estupefacientes, y recuperar los bienes y dineros en posesión de estas estructuras. Es necesario que los bandidos devuelvan lo que se robaron, porque el bolsillo es lo único que les duele.

Las autoridades deben coordinarse, en lugar de hacer tantas ruedas de prensa para hablar sobre los ‘reincidentes’, cuyas capturas son frágiles. Esto, sin dejar a un lado las víctimas de la criminalidad, brindándoles el apoyo psicológico y la protección que requieren.

Es clave modificar la ley para que el informe policial de captura en flagrancia sirva como denuncia, sin necesidad de que la víctima lo haga.

Estamos ante una oportunidad única: transformar la política de seguridad para que podamos caminar sin miedo por nuestra ciudad.

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