Castigos más fuertes no son la solución

Por Laura Arce - Residente de Usaquén y visitante asidua de Chapinero

Chapinero y Usaquén son localidades representativas de Bogotá para residentes y turistas, ya sea por su historia, su rumba o sus buenos restaurantes. Sin embargo, en las últimas semanas hemos evidenciado historias lamentables que terminaron con víctimas mortales (como ocurrió en Rosales) y homicidios en plena vía pública (como el caso de John Barrantes, un joven asesinado en la carrera Séptima con calle 120).

Chapinero tiene el infortunio, o quizá la fortuna, de tener la población flotante más alta de Bogotá (casi dos millones de personas diarias), una situación que, si bien atrae recursos, propicia la inseguridad. Usaquén, por su parte, aunque no es visitada por tantas personas, ha sufrido la delincuencia por varios años.

Para muchos, el incremento de los casos de inseguridad se debe a que ‘la justicia es laxa’ o a que ‘hay mucho delincuente en las calles”. Por lo tanto, dicen, la solución sería construir más centros carcelarios y establecer condenas más altas. Pero, ¿es esa la solución?

 ¡No! Tenemos un problema como sociedad, no hemos entendido que la represión o la agresión contra la dignidad humana no pueden constituirse como la solución al delito. ¿Por qué no ahondar en el problema para ver que realmente es cuestión de una política criminal que no llena los vacíos?

La situación ha llegado a un punto tan crítico, que hasta la misma Corte Constitucional (como en la sentencia T-388 de 2013) le ha manifestado al Estado colombiano la necesidad de mejorar las condiciones de las prisiones, así como la urgencia de un cambio en la política criminal.

Actualmente, quienes delinquen no encuentran en las cárceles una oportunidad de cambio, de ser alguien diferente a quien entró por esa puerta de acero que marca la diferencia entre la libertad y el encierro. ¿Cómo resocializar a estas personas cuando hay una sobrepoblación de 36.127 detenidos*? ¿Cómo podemos pensar que enviar a una persona a un centro de detención, por delitos como robarse algo de un supermercado, puede ofrecer una solución?

Claro, con lo anterior no quiero decir que quienes delinquen no deban ser enviados a una cárcel, pero considero que debe hacerse en condiciones dignas y con la garantía de que más adelante no serán lanzados a la calle en peores condiciones de las que llegaron; se ha visto que algunos empiezan a ser consumidores de estupefacientes o se unen a grupos criminales una vez llegan al centro de reclusión.

¿Por qué no pensar en sistemas penitenciarios vigilados y sin corrupción, en los que se pueda implementar penas alternativas que descongestionen las cárceles? ¿Qué tal si, cuando se trate de delitos menores, se pudiera pagar la condena por medio de trabajo?

El apoyo de las autoridades es necesario; deben ejercer control efectivo sobre la población carcelaria para evitar que aquellos que pagan sus condenas en casa terminen en las calles con brazaletes electrónicos y cometiendo delitos, o que quienes están en prisión extorsionen al ciudadano del común.

Lograr un cambio en la forma de pensar y de ejecutar políticas públicas es una tarea que nos compete a todos. Se trata de acabar con la mentalidad del ‘dinero fácil’ y de que el Estado ofrezca oportunidades de educación, empleo y resocialización.

*Datos obtenidos del Tablero Intramural del Inpec (26 de febrero de 2018).

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