Código de Policía aún nos tiene en el limbo

Ha causado revuelo el nuevo Código de Policía que entró en vigencia el 30 de enero. Las normas que nos regían tenían más de 40 años de antigüedad (estipuladas desde 1970) y por eso era necesaria su actualización, así los cambios traigan defensores y contradictores. A menos de un mes de su implementación, a la Corte Constitucional han llegado 55 demandas contra esta ley que regula el comportamiento ciudadano. De estas, 15 han sido admitidas por la Corte y 20 de ellas se encuentran en estudio.

Entre los reparos más comunes está el “derecho a la reunión” o a las manifestaciones, pues la norma actual obliga a darles aviso a las autoridades administrativas sobre dónde será el sitio de aglomeración. Y esto, para algunos de los demandantes, desconoce la esencia de una protesta social; claro, si estas reuniones no van a ocupar vías públicas. Otra norma polémica tiene que ver con el permiso que tienen alcaldes para autorizar, en algunos casos, que se registren entradas a los domicilios sin orden judicial, lo que podría prestarse para arbitrariedades.

Más allá de estos cuestionamientos de ‘fondo’ que estudia la Corte, el nuevo Código también ha develado lo poco preparado que estaba el país para su aplicación. Policías, gobernantes locales y ciudadanos aún están en el limbo. Por eso, durante los seis primeros meses, solo habrá comparendos pedagógicos para darles tiempo, a unos y otros, para apropiarse de este reglamento de convivencia. Según le informó la Policía a medios de comunicación, se han impuesto más de 20.000 en Colombia y la infracción más común ha sido el consumo de alcohol o sustancias prohibidas en el espacio público.

No han faltado burlas en las redes sociales o quejas de lectores porque se multará por orinar en las calles, pero no habilitan baños en el espacio público; de otro lado se cuestiona la exigencia que tienen los dueños de perros de 14 razas consideradas peligrosas de obtener pólizas de daños a terceros, sin embargo, cuando estos tratan de adquirirlas, no las consiguen, pues estas aún no existen, por solo dar algunos ejemplos.

La gran pregunta es cómo harán las autoridades para poner en cintura a los infractores si hay pocos policías e inspecciones. Bogotá, entre 17 capitales de departamentos del país, de acuerdo con cifras presentadas por el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, es la que menor número de efectivos tiene. “Tiene 238 policías por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio nacional está en 354”, señaló el secretario Mejía en el evento en el que le fueron asignados 1.200 uniformados adicionales a la capital, en días pasados. Vale reconocer que el alcalde Enrique Peñalosa fue quien le solicitó al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, este incremento de personal. De 19.000 agentes que tenía Bogotá pasó a 20.200. Con la nueva asignación de efectivos, aunque no se cubre el déficit, sí hay un aporte para la puesta en marcha del nuevo Código.

Como en todo cambio, habrá que hacer ajustes, pero la renovación de las normas era una necesidad. Lo que no es aceptable es que algunos ciudadanos se quejen del incremento en el valor de las multas. En lugar de cuestionar que se verán afectados sus bolsillos, deberían concentrarse en cumplir con la reglamentación por convicción y como un deber que tenemos todos los ciudadanos.

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