Un año después de la intervención del Bronx

En los cerca de 9.500 metros cuadrados conocidos como la “Ele”  o el “Bronx”, donde funcionaba la “olla” más grande de la ciudad, hoy hay ruinas abandonadas y un proyecto de renovación urbana que, según el Gobierno Distrital, tendrá una inversión de 130 mil millones de pesos y hará parte de la transformación del centro de la ciudad.

El pasado 26 de mayo, desde la antigua calle en la que además del tráfico y consumo de drogas había sitios de tortura y de explotación sexual infantil, doce meses después de la intervención el alcalde Enrique Peñalosa aseguró que, “lo fácil con el Bronx habría sido hacer lo mismo que se venía haciendo en los últimos 20 años: nada. Los resultados hoy son positivos, pero damos la alargada para lo que viene, vamos a seguir adquiriendo los predios que faltan y a terminar de hacer las demoliciones para generar unos grandes terrenos y con los mejores urbanistas hacer un proyecto que va a ser un ejemplo nacional de cómo un sector deja de ser el horror y pasa a ser un centro de vida y creatividad”.

Un año antes, a las 4 a.m. en el mismo lugar, 2.250 policías, 350 miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación –CTI–, 12 fiscales especializados y 320 hombres del Ejército Nacional ejecutaron la intervención con la que efectuaron 40 allanamientos y la incautación de 30 armas de fuego, cinco granadas de fragmentación y 105.900 dosis de estupefacientes, entre otros. Además, encontraron 163 menores de edad en malas condiciones.

Todos los sectores coinciden en la necesidad de haberle puesto fin a los vejámenes que se vivían a diario en este sitio de la ciudad, aunque algunos no estén de acuerdo en la forma. El Distrito indica haber efectuado una labor en la que integró la acción de distintas de sus entidades. Es así como aseguran que han atendido a 2.053 habitantes de calle que decían provenir del Bronx y lograron reducir en un 12%, según cifras de la Policía Metropolitana, los índices de inseguridad en las localidades de Los Mátires, Candelaria y Santa Fé, aledañas al polémico sector.

“A lo largo de este año, la esperanza renace con la apertura durante 2017 de 10 nuevos centros, con 730 nuevos cupos para la atención del habitante de calle”, indicó la Administración Distrital.

De otro lado está el documento ‘Destapando la olla: Informe sombra de seguimiento a la intervención del Bronx’, del Centro de Pensamiento y Acción para la Transición –CPAT– y Pares en Acción-Reacción Contra la Exclusión Social –PARCES ONG–, ambas organizaciones sin ánimo de lucro. En él, se apunta que “como se evidenció, el Bronx albergaba establecimientos de explotación sexual de menores, venta de sustancias psicoactivas, así como redes de tráfico de armas y de drogas. Sin embargo, el Bronx, o la ‘L’, como es conocido por las personas que vivían en el lugar, también era el escenario de socialización y habitabilidad cotidianas de cientos de habitantes de la calle que, tras los desalojos, fueron violentamente desplazados, maltratados e invisibilizados por la fuerza pública y la institucionalidad”.

En la retina de algunos ciudadanos aún queda la imagen de los habitantes de calle arrastrados por las aguas del caño de la Sexta que trasmitieron los noticieros de televisión. Según el informe de ‘Destapando la olla’, el 3 de septiembre de 2016, cerca de tres meses después de la intervención, PARCES ONG le envió un derecho de petición al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses preguntándole por las muertes violentas de habitantes de calle, a lo que la entidad respondió con una cifra de 17: tres mujeres y 14 hombres (dos de ellos murieron atropellados en accidentes de tránsito). Esta cifra luego cambió y quedó en tan solo seis, después de que la misma organización enviara de nuevo un derecho de petición solicitando las estadísticas desde la fecha de la intervención hasta el 2 de mayo de este año. En una columna de opinión titulada “¿Dónde están los habitantes de calle?”, el director ejecutivo de PARCES ONG, Alejandro Lanz, cuestiona esa falta de rigor en las cifras y además se pregunta por la razón de que esos once seres humanos no aparezcan en las nuevas estadísticas.

Raquel Peyraube, experta latinoamericana en uso problemático de drogas, aseguró en el lanzamiento del informe de ‘Destapando la olla’ –luego de señalar que el principal valor del documento es que “cuenta una historia que no se quería contar”–, que lo que pasó en el Bronx “no obedeció al diseño de una política compleja, como lo merecía la situación, sino que suena más a una medida cosmética”, y que no acató a los tres pilares éticos de la salud pública que se requieren en este tipo de intervenciones: no hacer daño, obedecer a la justicia social y respetar el derecho a la autodeterminación.

La alcaldía mayor de Bogotá refuta el informe, en tanto que no está de acuerdo con los datos que allí se exponen. “Las cifras que nosotros tenemos hablan de una situación totalmente diferente. Tenemos evidencia de que son cifras comprobadas, que los índices de seguridad mejoraron y la atención a habitante de calle ha sido muy positiva”, explicó la oficina de prensa de la entidad.

Entre los resultados de la intervención del Bronx, doce meses después, el burgomaestre señaló: “Duplicamos los recursos  para la atención de los habitantes de calle y además seguiremos abriendo más espacios para su atención en los próximos meses, que se une al trabajo que a diario cientos de funcionarios hacen en las calles, buscándolos para que accedan a los servicios”. Con el apoyo del Concejo, el Distrito logró pasar de 43 mil millones de pesos en 2015, a 70 mil millones de pesos en 2017 para mejorar la atención a esta población. Sin embargo, nueve meses antes, en agosto de 2016, en un foro convocado por la representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez para evaluar el tema, el alcalde Enrique Peñalosa también dijo: “No hay que hacerle la vida fácil en calle a los habitantes de calle”.

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